El «Rey de la Estafa» fue condenado a nueve años de prisión

Los magistrados Zunilda Martínez, Marino Méndez y Evangelina Villalba condenaron a nueve años de prisión a Isidro Torres Cabañas y a seis años de privación de libertad a Ana Rosalba Agüero, por los hechos punibles de estafa especialmente grave y producción de documentos no auténticos. La acusación estuvo a cargo del fiscal Julio César Yegros y la querella con el abogado Mauro Barreto. 

El hombre fue detenido en el 2015 y de acuerdo a la querella y la Fiscalía existen más de 45 denuncias contra él por hechos similares. La causa que fue debatida en el controvertido público fue denunciada por la abogada Hilda Arrúa quien dijo que perdió al menos 250 mil dólares, al comprar una propiedad que Torres Cabañas le ofreció mediante un poder especial elaborado en la escribanía de Rosalba Agüero, pero el documento tenía la firma de una persona que había fallecido seis años antes de que se realice la falsa transacción. 

Ya luego de realizarse los tramites de la supuesta compra del inmueble y ante algunas cuestiones que llamaron su atención, Arrúa indagó más a profundidad el caso y confirmó con los familiares que el hombre que supuestamente dio el poder a Torres Cabañas ya estaba muerto y que sus herederos no tenían ningún interés en venderla. Desde entonces comenzó una serie de acciones judiciales que concluyó este viernes con la condena de ambos involucrados. 

El Tribunal dispuso nueve años de prisión para el hombre, también conocido como «El Rey de la Estafa» y ordenó el inmediato levantamiento de sus medidas alternativas, para ser derivado a la Penitenciaria Regional, mientras que la escribana Rosalba Agüero, seguirá con medidas alternativas por su avanzada edad, pero deberá cumplir las disposiciones del Tribunal que le fijó una pena de seis años. 

La querella anunció que una vez que la sentencia quede firme, remitirán los antecedentes a la Corte Suprema de Justicia para que la matrícula de la profesional sea cazada, ya que cuenta con varias amonestaciones de la máxima instancia por otros procedimientos irregulares.