Acusan a un abogado y otros dos implicados por extorsión y coacción

La fiscal Zunilda Ocampos Marín, de la Unidad Especializada Antisecuestro, formuló acusación contra el abogado Gustavo Miguel Pérez Fretes (33), Aracely Zaragoza González (21) y Néstor Ricardo Brítez Prieto (27) por extorsión y coacción. Los mismos inventaron una supuesta violación de la joven para extorsionar a Aldo Agustín Acuña Quiñónez, a quien exigieron el pago de 10 mil dólares americanos para no denunciarlo ante el Ministerio Público por el supuesto hecho punible. 

La representante de la sociedad, igualmente, solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público. El requerimiento conclusivo fue presentado en el Juzgado Penal de Garantías número 6, a cargo de Dólica Giménez de Liuzzi. 

Los tres sospechosos fueron aprehendidos el 14 de enero del presente año, en horas de la tarde, en distintos procedimientos efectuados por la Fiscalía y agentes del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional. Los operativos se realizaron luego luego de la denuncia radicada por la víctima, el 12 de enero. 

Según los antecedentes, el afectado conoció a Aracely a través de las redes sociales y luego iniciaron contactos a través de llamadas telefónicas y mensajes de textos. El 8 de enero programaron una cita en una vivienda y mantuvieron relaciones sexuales. Al día siguiente, es decir el 9 de enero, Aldo Agustín recibió una llamada telefónica de parte del abogado, desde el celular de Aracely, expresándole que quería hablar con él para llegar a un acuerdo amistoso supuestamente por haber violado a la joven. 

Posteriormente, marcaron un encuentro en la cafetería “La Negra” del barrio Boquerón de Ciudad del Este. Allí, Pérez Fretes y Ricardo Prieto, quien dijo ser primo de la mujer, exigieron a Aldo Agustín la suma de 10 mil dólares o un automóvil para evitar la denuncia en la Fiscalía por la presunta violación cometida contra la mujer. 

El afectado les manifestó que no contaba con el dinero y lo máximo que podía conseguir era la suma de 2 millones de guaraníes, que los extorsionadores aceptaron al principio. Pero, luego siguieron amenazando y exigiendo los 10 mil dólares a la víctima, quien decidió radicar la denuncia. 

La Fiscalía, en el transcurso de la investigación, pudo comprobar fehacientemente que los números telefónicos de la víctima y victimarios estaban en permanente comunicación. A raíz de esto, la fiscal Zunilda Ocampos determinó la acusación de los tres implicados y pidió el juzgamiento de todos ellos.