Piden prisión de funcionario judicial y de un ingeniero por tráfico de drogas

El fiscal Manuel Rojas Rodríguez, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, requirió la prisión preventiva del funcionario del Poder Judicial Abraham Galeano Villar (30) y del ingeniero Jorge Rolando Aponte Rodríguez (35), a quienes imputó por el hecho punible de tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes. La causa se tramita en el Juzgado Penal de Grantías de la ciudad de Hernandarias, a cargo del magistrado Silvio Rojas.

Los dos sospechosos fueron aprehendidos con 1, 115 kilogramos de cocaína este 15 de julio pasado, a las 11:50 aproximadamente, durante un procedimiento efectuado por el citado representante del Ministerio Público y agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), en una estación de servicios ubicada a la entrada del Paraná Country Club de Hernandarias.

En la oportunidad, en base a informaciones de inteligencia, los antidrogas montaron en el sitio una discreta vigilancia desde las 08:00 y cerca del mediodía divisaron dos vehículos con las características que estaban investigando. Uno de los rodados, de la marca Toyota Funcargo, de color plateado, con chapa NAO 514, estaba al mando Aponte García, y el otro vehículo, una camioneta Nissan Terrano, también plateado, con matrícula NAD 944, estaba a cargo de Galeano Villar.

En un momento dado, los dos sospechosos ingresaron al interior de la camioneta Nissan supuestamente para la entrega de la droga, instante en que entraron en acción los intervinientes y procedieron a la aprehensión de los dos hombres. En el asiento trasero del rodado se encontró una mochila con la carga de 1,115 kilogramos de cocaína.

Según las informaciones manejadas por las autoridades, Galeano Villar se encargaba de proporcionar la droga, que traía supuestamente de Encarnación, y Apote Rodríguez presuntamente era la persona que se dedicaba a adquirir y distribuir la sustancia prohibida en la zona de Alto Paraná. Los detenidos, las evidencias y los vehículos fueron remitidos a la base de operaciones de la SENAD regional de Ciudad del Este, a disposición de la Fiscalía.